El primero que desempolvó un reclamo para "rescindir" un contrato de concesión -en el caso de la empresa TBA (foto formacion) - fue el intendente de Morón, Martín Sabbatella, (foto) quien dijo estar harto de los "incumplimientos" y la "falta de inversión" de la compañía en su distrito.Pero los cuestionamientos al sistema se multiplicaron cuando, diez días atrás, el Gobierno dispuso la entrega de 208 millones de pesos adicionales para trenes y subtes, con el argumento de "atender el reconocimiento de mayores costos de explotación en el rubro personal, el pago de deudas originadas en subsidios, diferencias de costos de explotación y deudas derivadas de la ejecución de los planes de inversión".
Casi al mismo tiempo, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Ernesto Marinelli, condenó a la empresa TBA a limpiar los vagones y refaccionar los vidrios y los asientos del ramal Once-Moreno en un plazo de 10 días, a la vez que se refirió a una discriminación entre los usuarios de las líneas Sarmiento y Mitre.La sentencia se sumó a informes de la Auditoría General de la Nación que hablan de deterioro en la infraestructura ferroviaria y en las estaciones, así como falta de acciones consistentes de control por parte del Estado. Ante esa situación, ¿cuáles son las vías de salida que proponen los críticos del sistema de concesiones ferroviarias surgido durante el Gobierno de Carlos Menem, avalada por sucesivas renegociaciones en las gestiones de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde? "Hay que rescindir los contratos.
Estos contratos son absolutamente leoninos, nacieron mal desde el principio. La salida a esta situación es que el Poder Ejecutivo rescinda los contratos por reiterados y graves incumplimientos e inicie una demanda por daños y perjuicios y le ejecute las garantías a las empresas", subrayó el diputado socialista Héctor Polino.
Para Polino, la solución sería a partir de allí crear "una empresa pública que mantenga toda la infraestructura ferroviaria y luego que se constituyan cooperativas de trabajadores operar el servicio". Por su parte, el secretario de Prensa del gremio de maquinistas La Fraternidad, Horacio Caminos, exigió terminar con "un marco legal perverso" y coincidió en el reclamo por la re estatización de la infraestructura ferroviaria para pasar a contar con "un ente de control de gestión con participación de trabajadores, usuarios y municipios".
Caminos señaló sólo habrá una mejora en el servicio si se sanciona una "Ley Federal de Transporte" que termine con los contratos de concesión actuales y defina claras responsabilidades del Estado en el mantenimiento de la infraestructura y el control de los servicios. A su vez, Elido Veschi, secretario general de la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos, en un sentido similar, reclamó avanzar con el proyecto que impulsa la creación de una Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENAFE), de modo de que el Gobierno nacional "se haga cargo de la infraestructura".
De allí en más, consideró Veschi, se podrían cambiar las actuales "concesiones integrales por concesiones de servicios" y así "volver a constituir el sistema ferroviario como sistema y no que esté dividido en varias empresas".
Los cuestionamientos del dirigente a las empresas son durísimos: "no hay que rescindir los contratos porque sí, hay que rescindirlos con causas penales".
Fuente: www.cronica.com.ar
Fecha de Publicación: 20/11/2005
